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Boletín de noticias 17 de enero de 2012
EL ESPECTADOR
NACE LA UNIDAD DE LA FISCALÍA CONTRA DELITOS AMBIENTALES
Atendiendo las recomendaciones internacionales previstas en la Declaración de Río de Janeiro (Brasil) sobre el medio ambiente, y en el marco de un convenio interinstitucional firmado entre Ingeominas, la Procuraduría y los ministerios de Minas y Medio Ambiente, la Fiscalía General de la Nación acaban de crear la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Esta dependencia contará con 22 fiscales especializados, encargados de investigar, entre otros, la contaminación ambiental, invasión de áreas ecológicas, explotación ilícita de yacimientos naturales y, en general, todas las irregularidades que afectan el ecosistema.
La acentuada ola invernal en el país, reflejo para los expertos del cambio climático ocasionado por el deterioro y daño del hombre al medioambiente, impulsaron a la fiscal general Viviane Morales Hoyos a firmar la resolución 0-3438 de 2011 mediante la cual le asignan a esta nueva unidad el objeto de adelantar investigaciones penales en contra de particulares o empresas que atenten contra los recursos naturales del Estado y pongan en peligro el ambiente.
Además, está unidad tendrá la potestad de ejercer las labores necesarias para obtener la reparación del daño ocasionado como consecuencia de una explotación ilegal de recursos naturales.
Minería ilegal, contaminación de fuentes hídricas, invasión de terrenos de uso público o explotación de zonas reservadas o de patrimonio natural serán algunos de los frentes que deberá asumir la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Investigaciones por daño en humedales, construcción ilegal en los cerros de Bogotá o la vigilancia con lupa de empresas que explotan el carbón a cielo abierto en el Cesar o La Guajira serán temas obligados que deberá tener en cuenta esta nueva unidad. El reto, según informaron fuentes del ente acusador, será ponerle coto de una buena vez a las mafias que se mueven en el mercado negro de los recursos naturales.
La tarea de esta nueva dependencia es especialmente importante si se tiene en cuenta que, en su momento, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, aseguró que la minería ilegal se había convertido en una fuente de financiación primaria de las FARC.
Sin duda alguna este será uno de los frentes más difíciles de combatir, y a la vez uno de los más urgentes, debido al impulso que desde el gobierno central se le está dando a esta locomotora, una acción legítima que a su vez estimula la explotación ilegal de recursos como oro y carbón.
Por ejemplo, se sabe que en algunas partes del territorio se realiza minería, o se pretende realizar en el futuro cercano, en el interior de Parques Naturales Nacionales, áreas de gran importancia ecológica para la Nación.
En síntesis, tal como la Procuraduría tiene una delegada para asuntos ambientales y agrarios, encargada del monitoreo e investigación de hechos que atenten contra el medioambiente, la Fiscalía busca poner en cintura a los inescrupulosos que se han enriquecido a costa de toda suerte daños ecológicos. La unidad tendrá su cuerpo central de investigadores en Bogotá, pero también tendrá sedes alternas en Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga, Cali y Antioquia.
FISCALÍA PRESENTÓ APELACIÓN POR ABSOLUCIÓN DEL GENERAL IVÁN RAMÍREZ
Según el ente acusador existen pruebas suficientes para demostrar que el excomandante del Coici estuvo involucrado en la desaparición de la guerrillera Irma Franco.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General presentó el recurso de apelación ante la decisión del juzgado 52 penal de Bogotá que el pasado 16 de diciembre absolvió al ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, general (r) Iván Ramírez Quintero en el proceso que se le adelantaba por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según la Fiscalía, como lo argumentó en enero de este año en los alegatos finales del proceso, existen pruebas y testimonios suficientes para demostrar la participación del general Ramírez en la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco.
“El general (r) Iván Ramírez Quintero sí guarda responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda”, de quien no se tiene noticia desde el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985, señaló el fiscal Álvaro Osorio Chacón, fiscal cuarto Delegado ante la Corte Suprema, en los alegatos de conclusión celebrados en enero de este año.
A pesar de ello Osorio Chacón advirtió que después de escuchar cientos de testimonios y pruebas no hay pruebas contundentes para acusar a Ramírez Quintero por la desaparición de otras ocho personas. “No existe responsabilidad en la desaparición de los ocho empleados de la cafetería y los tres visitantes ocasionales (de la Corte)”, quienes fueron declarados “desaparecidos” después de la toma guerrillera y la posterior retoma por parte de la Fuerza Pública.
En las pruebas presentadas por el ente acusador, el alto oficial investigado por el delito de desaparición forzada agravada, ordenó el traslado de la guerrillera del Palacio de Justicia hasta el Comando ubicado en el suroccidente de Bogotá en esos momentos con el fin de realizarle interrogatorios y torturas, las cuales habrían terminado con su vida.
Entre estos testimonios se registran los de varios exagentes del Coici, además del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega señaló en una entrevista con un medio de comunicación que conoció información oficial sobre la participación del general Ramírez en este hecho.
El ex uniformado manifestó la Escuela de Caballería, que él comandaba, nada tenía que ver con los interrogatorios a los que eran sometidos los rehenes, aduciendo que las unidades dirigidas por Ramírez y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, eran las que ejercían esa tarea.
LA POLARIZACIÓN DE LA FIESTA BRAVA
Por: Aura Lucía Mera
Como en el aviso publicitario, el alcalde de Bogotá se metió en el lugar equivocado al manifestar, cuando se da inicio a la temporada taurina de la Plaza Santamaría, su posición en contra de la fiesta brava, agarrándose de un argumento por demás blandengue, como que “no va a tolerar en su administración ningún espectáculo alrededor de la muerte”.
Esta salida en falso, totalmente extemporánea, precisamente cuando la temporada comienza, lo único que logra es polarizar todavía más a los “anti” contra los aficionados. Siendo estos primeros de una violencia intimidante. Recuerdo hace dos años cuando un grupo antitaurino empujó violentamente a una amiga mía que se dirigía a la plaza de toros. Personalmente ya me salió callo en la mente, y me importa un bledo leer, cuando los leo, los insultos de los “anti” ante cualquier columna que escriba.
¿Qué pretende el alcalde Petro? ¿No tiene otras cosas más importantes en qué ocuparse, cuando recibe una ciudad destrozada, sin movilidad, llena de cráteres, con corrupción rampante en casi todos sus institutos, con la violencia y la inseguridad al tope? ¿Qué quiere conseguir, lanzando estas declaraciones como gallito de mate, cuando nadie se lo esperaba?
Una cosa es que se dé inicio a un debate serio, bien argumentado, entre gente racional, sobre las corridas de toros como están planteadas actualmente. A ningún aficionado le gusta que un picador barrene al toro. Esto debería tener cárcel. O que un torero masacre al toro a punta de estocadas mal dirigidas. El toro merece ser lidiado con arte, y enfrentarse con bravura y casta a una muerte digna. El toro de lidia nació para la pelea. Desde que la vaca lo pare comienza a embestir. Una vaca de lidia jamás podrá ser ordeñada. Un eral jamas podrá ser mascota de nadie. Un cuatreno de quinientos kilos merece llegar al redondel y mostrar toda su casta. El toreo es un arte. Es un ballet en el que se conjugan la vida y la muerte, tanto del torero como del toro, pero en ningún momento “un espectáculo alrededor de la muerte”.
Personalmente me uno al manifiesto escrito por Antonio Caballero y Alfredo Molano. Cito los siguientes apartes: “...Como todo arte, el del toreo no es comprendido por todo el mundo. Pero esa no es una razón para atacarlo y pretender prohibirlo con el argumento de que es cruel, detrás del cual se esconde el simple afán de prohibir los gustos y aficiones de los demás... El ataque a las corridas es una manifestación violenta de intolerancia cultural y social. Así como no pretendemos imponerle a nadie nuestra afición, exigimos respeto por nuestros gustos y sentimientos... También nosotros somos defensores del medio ambiente y de la conservación de las especies, que incluyen la del toro bravo, y en consecuencia las condiciones que hacen posible su crianza y existencia...”.
No más politiquería barata, cogiendo como chivo expiatorio la fiesta brava. Tenemos problemas más serios, esos sí de vida y muerte. De seres humanos, de niños y jóvenes. Esos sí son espectáculos diarios alrededor de la muerte, señor alcalde. De los que usted se debería preocupar. Como dicen los viejos españoles, “¡hijo, no te hagas el estrecho que te cabe un piano!”.
TOROS: IR HASTA EL FINAL
Por: Rafael Orduz
Es claro que, tanto en España como en países de América Latina en los que aún hay corridas de toros, hay creciente oposición a las mismas. El máximo éxito, hasta ahora, ha sido su prohibición en Cataluña, aunque hay también figuras intermedias como la lidia sin muerte (Portugal, Ecuador, Francia).
Vale la pena distinguir entre los argumentos en contra de la fiesta brava, de un lado, y la forma y los contenidos de las protestas, de otro. Quienes están en contra, están en su derecho de afirmar que no consideran arte lo que juzgan como tortura y muerte sangrienta de animales indefensos; por supuesto, de protestar públicamente. Los amigos de la fiesta brava son minoría. Las minorías, aunque a veces suene extraño a las mayorías, también tienen derechos.
Impresiona, sin embargo, que, dentro de las arengas de algunos de los protestantes en estos primeros días de 2012, especialmente en Bogotá, se incluyeran algunos epítetos contra la minoría de los taurinos, como los de “asesinos en potencia”, “se ponen sombrero, se tapan las caras y matan igual que los paramilitares”. O sea, argumentos en contra de la violencia expresados en forma violenta en contra de una minoría.
Si el tono y el contenido agresivos de algunas protestas van en aumento, sería perfectamente consistente que se emprendan acciones en contra de elementos del entorno de la fiesta brava.
En lo local, por ejemplo, debería suprimirse la siguiente estrofa del pasodoble Feria de Manizales:
“Toro de pena y desvío/ sobre el redondel sonoro/ fingen caracolas de oro/ las Carretas del Rocío/ Toda la feria es un río/ de júbilo y azucena/ y el sol cierra su faena/ con banderillas de estío…”.
Hay que tener cuidado, también, con la literatura. Podría proscribirse de las bibliotecas públicas y de las librerías a Hemingway, especialmente su primera gran obra, Fiesta (1926), que se mete a fondo en el San Fermín de Pamplona y, por qué no, también Muerte en la tarde, y varios de sus cuentos famosos. Y con muchos otros, incluyendo a García Lorca (“A las cinco de la tarde./ Eran las cinco en punto de la tarde…”) y en América Latina, Vargas Llosa, taurófilo empedernido. Ah, y con el peruano Arguedas, con sus relatos de corridas en versión andina, con cóndores en el lomo de los toros.
Con Picasso también hay que estar alerta. Su obra pictórica y cerámica alrededor de la fiesta de los toros podría incitar a la violencia, al confundírsela con obras de arte. Y con Dalí.
El ‘Che’ Guevara, cuando iba a Madrid, no se perdía corrida en Las Ventas, con su boina y estrellita.
Serrat y Sabina, dos veteranos que cantan por estos días al alimón, gustan del toreo de José Tomás y fueron a sus últimas corridas en Barcelona. Madonna rodó el video Take a bow, que debería sacarse de circulación en youtube.
La autoridad debe promover el respeto a las minorías y no su aplastamiento. Es posible que la minoría que gusta de la fiesta no sea de criminales.
EL NUEVO SIGLO
QUEDAN 18 MESES PARA LEGISLAR SOBRE PAREJAS DEL MISMO SEXO
No obstante el plazo de dos años dado al Congreso para legislar a fondo sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, ya han trascurrido cerca de seis meses sin que empiecen a discutir ese tema, a pesar de que han sido radicados varios proyectos en este sentido.
A finales de julio pasado, la Corte Constitucional emitió un fallo frente a una demanda al artículo 113 del Código Civil, el cual señala que el matrimonio “es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”.
Colombia Diversa, una ONG que defiende los derechos de la comunidad homosexual, demandó este artículo argumentando el derecho que tendrían las parejas del mismo sexo también al matrimonio.
El concepto de matrimonio en Colombia, que rige desde 1887 en el Código Civil, señala que solo es aplicable a la unión entre un hombre y una mujer.
Entre los elementos de juicio que tuvo en cuenta la Corte Constitucional en el trámite de esta demanda está un concepto del procurador Alejandro Ordóñez.
“Sería iluso afirmar que en estas uniones el criterio de la diferenciación sexual pueda obviarse legalmente”, conceptuó Ordóñez; “esa relación no está ordenada a la conservación de la especie humana y, constitucionalmente, no puede adquirir el carácter de matrimonio ni de familia”, agregando que no hay discriminación en hacer diferencias jurídicas con las parejas que pueden engendrar hijos.
En ese sentido, la Corte, al fallar sobre la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, reafirmó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aunque consideró que es necesario legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, por lo que le dio dos años al Congreso para actuar en este sentido.
“Exhortar al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección según los términos de esta sentencia afecta a las mencionadas parejas”, dice uno de los apartes del fallo.
Avances
Como una oportunidad al Congreso calificó el ex procurador Jaime Bernal la exhortación que hizo la Corte para que legisle sobre los derechos de las parejas del mismo sexo.
Dijo Bernal que “me parece que ya que le dieron la oportunidad al Congreso, pues que se haga un debate a fondo, serio, porque hay una dinámica de la sociedad que está registrando cambios permanentes en todo sentido. Este es un cambio más. Hablar esto hace 20-30 años era un imposible. Hoy hay que respetar muchos derechos en la medida que esos derechos tampoco menoscaben o lesiones otros derechos de la familia, derechos del niño y demás”.
El Estado colombiano ha avanzado en los últimos años en reconocer derechos a las parejas homosexuales. En 2007, la Corte les reconoció derechos en pensiones y salud; también elevó al nivel de las uniones maritales los derechos de las uniones de las parejas del mismo sexo en una serie de disposiciones contenidas en los Códigos Civil, Penal y Disciplinario.
Sin embargo aún no se ha legislado sobre el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo.
Proyectos
Luego de la sentencia de la Corte, se previó una avalancha de proyectos, pero hasta el momento solo han sido radicados cuatro.
Tal como lo establece la Ley Quinta, es decir el Reglamento del Congreso, la presidenta de la Comisión Primera de la Cámara, la representante Adriana Franco, del Partido Liberal, comenzó a acumular algunos de los proyectos radicados ante esa célula legislativa para cumplir con la sentencia de la Corte.
Los primeros acumulados fueron los radicados por los representantes Miguel Gómez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Guillermo Rivera, del Partido Liberal, y los congresistas del Polo Democrático, Alba Luz Pinilla e Iván Cepeda, en su orden: 29 de 2011, “por medio del cual se crea el Contrato de Unión Civil entre Personas”; 37 de 2011, “por medio del cual se modifica el Artículo 113 del Código Civil y otros”; y 58 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se modifica el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones”.
También la cuarta iniciativa se acumuló: la 47 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se regula la unión civil entre parejas del mismo sexo y se dictan otras disposiciones”, presentada por los senadores Armando Benedetti, de La U, sumado a Gilma Jiménez, Iván Name, Félix Valera y Jorge Londoño, del Partido Verde, y los representantes de esta última colectividad Alfonso Prada y Carlos Amaya.
El primero en pasar de los anuncios a los hechos fue Gómez, al radicar un proyecto para regular las relaciones entre parejas por medio de un pacto civil, el cual beneficiaría a parejas heterosexuales y homosexuales.
El legislador dijo que a través de esta figura se podrán regular las relaciones patrimoniales, alimenticias, de socorro y de seguridad social entre parejas estables.
Gómez aclaró que este pacto entre parejas no emula el matrimonio, pues la Constitución y el Código Civil establecen que el mismo es solo posible entre un hombre y una mujer, sino que se trata de un contrato civil que es fácil de disolver si una de las partes así lo desea: “El artículo 42 de la Constitución establece que la familia es el vínculo entre un hombre y una mujer a través del matrimonio; por tanto el tema no es solo de pareja, es de familia y no se puede afectar esta figura”.
Luego, el representante Rivera anunció su intención de presentar un proyecto para modificar el Código Civil, que permita regular las uniones entre parejas del mismo género.
La iniciativa de Benedetti y los verdes crea la figura de la Unión Civil, con los mismos efectos jurídicos del matrimonio, que solo procede para parejas heterosexuales.
La propuesta del Polo tiene por objeto reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar sus efectos legales.
En espera de que aprueben las correspondientes audiencias a partir de marzo, se encuentra el grupo de ponentes, coordinado por el representante Gómez e integrado, además de los ya mencionados Rivera y Prada, por Juan Carlos Salazar, del Partido de Integración Nacional (PIN); Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador; Camilo Andrés Abril, de Cambio Radical, y Germán Navas, del Polo.
EL ESCOLIASTA COMO JURISTA
POR: Hernán Olano García
El concepto general de Justicia encuentra su sentido en los griegos, quienes de manera inicial la formularon y se cuestionaron si se podían establecer parámetros gene¬rales y racionales sobre ella. Así que he querido incluir sólo algunas de las concepciones de Justicia más relevantes en la tradición académica, para contextualizar el artículo y resaltar la novedad y pertinencia de estos planteamientos a la luz de los escolios de Nicolás Gómez Dávila.
Precisamente, cuando Aristóteles presentaba las bases iniciales de lo que sería la ciencia política, decía que “la justicia es la base de la sociedad”, coincidiendo con la idea de Platón de que ella es lugar común de todas las partes del gobierno.
Muchos años después, en las Leyes de Partidas, don Alfonso X El Sabio sostuvo que la Justicia es una de las cosas con las que mejor se mantiene el mundo, por ser fuente de todos los derechos y, más adelante, en la legislación que dictó España para las Indias, se dispuso que “la Justicia fuera colocada por encima de todas las virtudes, puesto que las comprende y perfecciona, y por encima de los demás fines que el Estado podía ambicionar”, a lo cual, la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias proclamaba que “la buena administración de justicia es el medio en que consisten la seguridad, quietud y sosiego de todos los Estados”; y las Órdenes reales de Castilla establecían con respecto al Rey que “su propio oficio es hacer juicio y justicia”.
La regla muestra la ley, no la estatuye, regula legem indicat, non statuit, decía Bacon; por eso, estas definiciones de Gómez Dávila sobre la Justicia, hasta ahora seleccionadas por mí, no son imperativas, pero permitirán proceder si son bien utilizadas, a la unificación jurídica colombiana, pero también a la internacionalización del término integrado al Derecho.
Para el escoliasta bogotano, “la Justicia que un miserable invoca desde el lagar donde lo prensa su infortunio, no se parece a la Justicia que administra, entre códigos, un magistrado rubicundo”.
En Brocardos Jurídicos presento mi selección detallada de los escolios relacionados con la Justicia en la obra gomezdaviliana. Mi gestión posee como mérito el haber procedido a realizar esta catalogación, que me ha tomado varios meses y que nadie hasta ahora había realizado, ni siquiera sus herederos, sus editores o sus comentaristas, como Franco Volpi. Creo que con mi aporte y revisión de tema ya se podrá utilizar con mayor precisión la obra de Gómez Dávila, pues hasta ahora comienza su época, precisamente ad portas de cumplirse en el año 2013 el centenario de su natalicio.
CMI
SE DESCUBRE QUE UN FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL YA TIENE PROHIBIDAS LAS CORRIDAS DE TOROS...
...en muchos lugares de Colombia.
El debate abierto hoy por el alcalde Gustavo Petro, sobre la prohibición de las corridas de toros, condujo a esta sección a descubrir que la Corte Constitucional ya prohibió las corridas en buena parte del país.
Esa determinación la tomó la Corte Constitucional en su sentencia C-666 del año 2010.
Vean lo que ordenó la Corte. Dice la sentencia: «Únicamente podrán desarrollarse [las corridas de toros] en aquellos municipios o distritos en los que los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que, por tanto, su realización responda a cierta periodicidad».
Y que yo sepa, tradición de corridas de toros no tiene ni la quinta parte las ciudades de nuestra nación.
CARACOL RADIO
INVESTIGACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA FUE RESPONSABLE: EXFISCAL BUITRAGO CARACOL
La exfiscal que llevó las últimas investigaciones sobre las desapariciones y torturas en el Palacio de Justicia en 1985, Ángela María Buitrago, aseguró que el proceso que adelantó fue exhaustivo y muy seguramente parte del mismo es considerado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Buitrago, quien se inscribió como candidata a la Personería de Bogotá, dijo que a pesar de muchas dificultades llevó una investigación exhaustiva que generó una serie de decisiones que obviamente están supeditadas a una segunda instancia e incluso a decisiones internaciones como la que se anuncia en la Corte Interamericana.
Dijo tener la satisfacción de realizar un trabajo serio, a conciencia, que permitió encontrar muchísimo material que resultó importante y que está en el proceso.
La fiscal Buitrago, quien de manera intempestiva fue retirada de la Fiscalía por el fiscal interino, dijo que cumplió su trabajo hasta el último minuto. "Tengo la claridad que cuando uno hace bien las cosas obviamente se convierte en la piedra en el zapato y hay muchas cosas que se aceleran en razón a eso", dijo a Caracol Radio.
Dijo que ese trabajo investigativo judicial ha sido parte del proceso que la Comisión Interamericana ha elaborado para llevar a la Corte, y parte de la actividad que se desplegó por los interesados y también de los funcionarios internacionales que están interviniendo dentro de la práctica de pruebas en esas instancias.
Recalcó que "la investigación se hizo de manera responsable y hasta el último minuto se hizo exhaustiva y por lo tanto tengo la satisfacción de haber cumplido con el deber", afirmó la jurista.
“La Fuerza Pública quiso encubrir la forma en que murieron algunas víctimas del Palacio de Justicia”: CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano responsable de la desaparición de 12 personas, del asesinato de otras dos y torturas de otras cuatro, durante la retoma del Palacio de Justicia.
El informe de fondo de la Comisión, paso previo para que el caso sea trasladado a la Corte Interamericana, tiene como base las sentencias contra el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, así como el informe de la Comisión de la Verdad, el informe del Tribunal Especial y las sentencias del Consejo de Estado condenando a la Nación por los hechos.
Además de responsabilizar al Estado por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda, la Comisión hace énfasis en el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán y las torturas a Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano.
En el caso de las torturas, el organismo internacional afirma que “se enmarcaron en un patrón de abuso de poder, que tenía como objeto interrogar y torturar a fin de obtener información”.
Y también señala que “las detenciones tenían como objetivos interrogarlos y torturarlos a fin de obtener información e incriminarlos como pertenecientes a la guerrilla”.
Dentro de los argumentos de la Comisión para ncontrar responsable al Estado por múltiples hechos delictivos durante la retoma del Palacio de Justicia, está que a pesar de que han pasado más de 25 años, solamente han sido condenados dos autores mediatos.
“A pesar de la condena penal establecida, en primera instancia, contra dos autores mediatos de las desapariciones, han transcurrido más de 25 años desde los hechos del Palacio de Justicia, sin que se hayan adoptado medidas para juzgar a los autores materiales, a los demás autores intelectuales y a sus posibles cómplices en la comisión de los hechos”, anota el documento de más de 115 páginas.
Para la Comisión, es claro que hubo irregularidades cometidas por integrantes de la Fuerza Pública que movieron algunos cadáveres, también por cuenta de las imprecisiones en las actas de defunción.
“Las autoridades militares no esperaron a que los funcionarios competentes de la investigación cumplieran con sus obligaciones legales sino que una vez culminada la retoma efectivos del Ejército Nacional, ordenaron la concentración de los cadáveres en el primer piso, y previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias, se mezclaron indiscriminadamente los restos calcinados en bolsas plásticas”, señala la Comisión.
El documento cuestiona que algunos cadáveres, como el del magistrado Carlos Horacio Urán, fueron lavados, práctica contraria a los procedimientos existentes en la época para el levantamiento e identificación de cadáveres.
La Comisión le dio un plazo de dos meses al Estado colombiano para cumplir siete recomendaciones frente al caso, entre las que se destaca “iniciar la búsqueda y localización inmediata de los desaparecidos para entregarlos a sus familiares”, reconocer internacionalmente la responsabilidad en los hechos y ofrecer una disculpa pública, brindar atención sicológica a los familiares de los desaparecidos y de los torturados y recuperar la memoria de las víctimas.
Finalmente la Comisión recomienda adoptar medidas para capacitar a todos los integrantes de los cuerpos armados y los organismos de seguridad en Derechos Humanos y pide que se tomen medidas para evitar excesos en operativos militares y de policía.